Con su apariencia de nerd y parsimonia
inglesa, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla anunció las últimas medidas con
las que el gobierno de Raúl Castro busca seducir, cual flautista de Hamelin, a
los cubanos residentes fuera de la mayor de las Antillas, en especial a los que
viven en Estados Unidos.
De ahí que Washington fuera el
escenario escogido para comunicar las novedades ante un “selecto” auditorio de
paisanos asentados en el país del norte: eliminar la habilitación del
pasaporte, autorizar la entrada por mar a los cubanos residentes en el
exterior, permitir que quienes salieron ilegalmente puedan ingresar al país y anular
el requisito de avecindamiento.
Más significativo, en cambio, es
el contexto, luego de la reversa del actual mandatario norteamericano, Donald
Trump, al deshielo entre Estados Unidos y Cuba que inauguró su antecesor en la
Casa Blanca, Barack Obama.
Por eso no tiene nada de fortuito
el eslogan de marketing del canciller de la Isla cuando detalló las nuevas
flexibilizaciones migratorias: “El gobierno de Estados Unidos cierra y Cuba
abre”, una reminiscencia de aquella frase de Karol Wojtyła, el papa Juan Pablo
II, a su llegada a La Habana en 1998: "Que Cuba se abra al mundo (…) y que
el mundo se abra a Cuba".
Tanto el contenido como el
envoltorio subrayan, otra vez, el carácter cíclico de la política oficial de La
Habana hacia la diáspora cubana, a la cual se acerca en dependencia del grado
de la crisis nacional y el estado de los nexos con Estados Unidos.
Ahora ambos ejes se cruzan cuando atraviesan
uno de sus peores momentos, luego de que el descongelamiento de las tensiones
bilaterales a partir del 17 de diciembre de 2014 redundó en una riada de
visitas desde Estados Unidos a Cuba, dependiente cada vez más del turismo para
oxigenar a la alicaída economía nacional.
Sin embargo, la Administración
Trump parece enfocada a socavar la industria turística cubana esgrimiendo como
pretexto unos hipotéticos ataques sónicos contra diplomáticos norteamericanos
en La Habana.
Con ese trasfondo, aun cuando se
mantienen las relaciones diplomáticas bilaterales, los vuelos directos entre
ambos países y las escalas de cruceros, el Departamento de Estado recomendó a
los ciudadanos norteamericanos evitar viajar a Cuba, en tanto en el Congreso
avanza un proyecto legislativo sobre la seguridad en los aeropuertos de la
Isla.
Durante el pasado año, 427 228
cubanos residentes en el exterior viajaron a su país de origen, un incremento
del 9,4 % con respecto al 2015, según cifras de la Oficina Nacional de
Estadísticas (ONE) de la mayor de las Antillas.
De hecho, ese mercado representa
el segundo emisor de visitantes para Cuba, solo superado por Canadá y muy por
delante de Estados Unidos y Alemania.
Aunque el turismo es el sector más
dinámico de la economía de Cuba, las remesas superan los ingresos de aquel, que,
según la ONE, aportó 3 068 millones de dólares en el 2016, en tanto por
concepto de remesas en efectivo la Isla recibió 3 444 millones, de acuerdo con
The Havana Consulting Group.
De ahí que el régimen busque
cortejar a la comunidad cubana en el exterior, sobre todo cuando la economía de
la Isla no despega y las relaciones con el vecino del norte parecen regresar a la
Guerra Fría.
Pero las cuatro nuevas normas
migratorias que entrarán en vigor a partir del próximo 1 de enero se quedan
cortas ante la deuda del régimen con la emigración de los cubanos, aunque son
positivas y representan un avance.
Sobre todo, son tímidas e
insuficientes, pues dejan un déficit en la urgente actualización de la política
migratoria dado el creciente volumen y las potencialidades económicas de la
diáspora cubana.
Mayor impacto hubiera tenido el
abaratamiento del costo del pasaporte, la extensión de su vigencia y la
abolición de la prórroga; la supresión del tiempo de permanencia en el
exterior, la aceptación de la doble ciudadanía, el otorgamiento de facilidades
para invertir y el reconocimiento de los derechos políticos de la emigración.
Eso solo será posible cuando el
gobierno deje de ver a los cubanos residentes en el exterior, unos dos
millones, sin la miopía de la seguridad nacional, el utilitarismo económico y como
herejes ideológicos.
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