Estados
Unidos parece a punto de hacer realidad el sueño dorado del régimen cubano. Era
algo impensable hasta hace poco, pero los milagros pasan, al menos este, para
satisfacción del antiguo y el actual mandatario de la Isla.
Muchos
podrán pensar que se trata del embargo/bloqueo; sin embargo, en realidad, se
trata de la Ley de Ajuste Cubano (CCA, según sus siglas en inglés).
La lógica
indicaría que el primero es más importante que la segunda en vista de la
inmortal crisis económica bajo cuyo peso agoniza Cuba. Eso sería lo normal,
pero la mayor de las Antillas no es un país sino un estado de ánimo.
Nunca antes,
como ahora, la Ley de Ajuste Cubano ha estado bajo tanto asedio para su
derogación o modificación.
En agosto,
nueve países latinoamericanos, en una carta de sus ministros de Relaciones
Exteriores, reclamaron a Estados Unidos reconsiderar la política migratoria
norteamericana hacia Cuba.
Aseguran los
cancilleres de Ecuador, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México,
Nicaragua, Panamá y Perú que la CCA es “un estímulo al flujo desordenado,
irregular e inseguro de ciudadanos cubanos que, arriesgando sus vidas,
transitan por nuestros países con el propósito de llegar a cualquiera de los
puntos fronterizos estadounidenses”.
También
dentro de Estados Unidos influyentes voces se están manifestando en similar
sentido, como el diario The New York
Times, que en sendos editoriales en diciembre de 2015 y agosto de este año
llamó a abolir la Ley de Ajuste Cubano y la política de pies secos/pies
mojados, las cuales calificó de irracionales y anacrónicas.
Por su
parte, Houston Chronicle, un diario
de Texas, conceptuó ese estatuto como una reliquia de la Guerra Fría, la cual
“debe ser abolida por su injusticia inherente con los muchos inmigrantes de
otros países que son rechazados al intentar escapar de circunstancias mucho más
peligrosas en sus lugares de origen”.
Dentro del
Congreso norteamericano avanzan, cada vez con más fuerza, los esfuerzos en pos
de la revisión de la política migratoria hacia la Isla. Actualmente, 125
miembros de la Cámara de Representantes patrocinan un proyecto de ley para
eliminar el acceso automático de los inmigrantes cubanos a las ayudas federales.
En el
Senado, el ex precandidato presidencial Marco Rubio pidió un cambio en la
legislación para que los cubanos sean "tratados como cualquier otro
inmigrante y no sean elegibles" para beneficios si no pueden probar la
condición de refugiados.
Para mayor
presión, se suma el contexto de un año electoral en el que tema migratorio
exhibe un inusual peso, y el impacto geopolítico del creciente éxodo cubano en
un arco regional que se extiende desde Sudamérica hasta Norteamérica pasando
por Centroamérica y el Caribe.
Según el
régimen de la Isla, la imparable emigración de sus nacionales obedece al imán
de la Ley de Ajuste Cubano, a la cual califica de “asesina”, e ignora que en la
imperecedera crisis económica y social del país radica la explicación de una
diáspora radicada en unas 72 naciones.
También hace
mutis sobre los beneficios que recibe el país por remesas y visitas de cubanos
residentes en el exterior, segundo mercado emisor, una tendencia en ascenso en
vista de los vuelos directos desde Estados Unidos.
De acuerdo
con The Havana Consulting Group, el mercado cubano de remesas es el de mayor
crecimiento en Latinoamérica, pues entre 2008 y el 2015 aquellas ascendieron a “un
astronómico 1,907.06 millones de dólares, con una media anual de crecimiento de
238,3 millones de dólares”.
El año
pasado el envío de remesas alcanzó la cifra récord de 3,354.12 millones de
dólares, en tanto los ingresos por turismo, el sector de mayor dinamismo del
país, llegaron a los 1.940 millones de dólares.
También hay
quienes en Estados Unidos defienden el sostenimiento de la Ley de Ajuste
Cubano, como David Bier, analista del Instituto Cato, uno de los laboratorios
de ideas más prestigiosos del mundo, porque la Isla permanece como el único
país no libre en el hemisferio occidental.
Para Jorge
Ramos, uno de los hispanos más influyentes, “hay que seguir protegiendo a los
refugiados que vienen de la isla hasta que desaparezca la dictadura cubana”.
La Unión
Europea señaló en un informe que en Cuba continuaron las detenciones arbitrarias
y de corta duración de miembros de la oposición, activistas y defensores de los
derechos humanos.
En similar
sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó “su profunda preocupación por el trato recibido por personas
defensoras de derechos humanos en Cuba, y específicamente sobre denuncias de
restricciones arbitrarias a su libertad de circulación, hechos de
criminalización y amenazas a sus derechos a la vida e integridad personal”.
Para
Amnistía Internacional (AI), continúan “las fuertes restricciones de la
libertad de expresión, asociación y circulación”, y se conocen “miles de casos
de hostigamiento y detenciones arbitrarias de personas críticas con el gobierno”.
Human
Rights Watch, por su parte, apunta que el “gobierno cubano persiste en sus
esfuerzos por reprimir el disenso y disuadir la crítica pública”.
Según el diario The Washington Post, la nueva política
norteamericana hacia Cuba solo está beneficiando al gobierno, en especial a los
militares, y no a la gente común.
¿Cuál será el
destino de la Ley de Ajuste Cubano? Cualquiera que sea, los cubanos continuarán
escapando del “paraíso”, porque como lo dice la parodia de Suéltame La Mía: “Esto aquí siempre es lo mismo. Cada vez está más
malo (…) Esto nunca cambió. Esto nunca cambiará”.