Parece que en
México cualquier mal puede ser siempre peor.
The New
York Times publicó el pasado 19 de junio un reportaje en el que denuncia
el espionaje a periodistas, defensores de los derechos humanos, activistas
anticorrupción y promotores de un impuesto a los refrescos.
La vigilancia
se hacía mediante un malware de vigilancia,
creado por una compañía israelí y el cual solo se comercializa a gobiernos y,
supuestamente, únicamente puede emplearse en la lucha contra el terrorismo y
grupos criminales.
“Resulta
preocupante que el uso reiterado de estos ataques en contra de periodistas y
defensores de derechos humanos se dio durante coyunturas críticas de su labor;
todas, con un actor en común: el gobierno federal”, afirma R3D.
La Red en Defensa de los
Derechos Digitales (R3D) es una organización dedicada a la protección de los
derechos humanos en el entorno digital y coautora del informe “#GobiernoEspía:vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México”.
Esta revelación sale a la
luz luego de que el Instituto Internacional de
Estudios Estratégicos (IISS, por sus siglas en inglés) aseverara que México figura
entre los primeros 10 países con más muertes provocadas por conflictos armados
en el 2016.
Primero
IISS dijo que México era, después de Siria, el país del mundo que vive una
situación de violencia mayor en número de muertos, lo cual generó una gran polémica.
Luego, este laboratorio de ideas, con sede en Londres y especializado en el
análisis de conflictos armados, aseguró que su estudio adoleció de un fallo
metodológico, por lo cual la nación azteca pudiera, entonces, ocupar el puesto número
diez en esa fatídica lista.
Aunque
México no sea ya el segundo país más violento sino el décimo apenas resulta un
premio de consuelo, teniendo en cuenta que la nación azteca padece un conflicto
interno marcado por la ausencia de artillería, tanques o aviación, por lo cual
la casi totalidad de las víctimas se pueden atribuir a armas pequeñas.
A ello
se agrega que a causa de ese conflicto armado se reporten más de 30 900
personas desparecidas, y que solo dos de cada diez de estos casos se denuncien ante
la inseguridad por la colusión entre las autoridades y los carteles.
Este
año México lo inició bajo la advocación de ser el país peor calificado en
percepción de corrupción entre los miembros de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entidad que reúne a 35 naciones,
las cuales representan el 80 % del Producto Nacional Bruto (PNB) mundial y el
70 % del comercio internacional.
Como
lo señaló el destacado intelectual Gabriel Zaid en La economía presidencial, “la corrupción no es una característica
desagradable del sistema político mexicano: es el sistema”.
La administración
de Enrique Peña Nieto es ejemplo de la entronización de la corrupción en el
país con los escándalos que involucraron a su esposa y al hoy canciller y antes
secretario de Hacienda Luis Videgaray en la adquisición de sendas viviendas de
lujo de un contratista del gobierno.
A ello
se suma la lista negra de gobernadores estatales prófugos de la justicia y bajo
investigación por corrupción, ya sea por malversar fondos públicos, nepotismo, complicidad
con los carteles de la droga o todos esos delitos juntos.
La impunidad
es tal que estos políticos, tanto del centro, la derecha y la izquierda, actuaban
como si fueran intocables e indiscutibles señores feudales.
Todos
esos males se yuxtaponen y solapan, creando una madeja casi imposible de
desenredar, pero en cuyo vórtice siempre aparecen las élites políticas y económicas
en contubernio para depredar el país. Un buen acercamiento a esa realidad es la
tetralogía del cineasta Luis Estrada (La
ley de Herodes, Un mundo maravilloso,
El infierno y La dictadura perfecta).
Es por
el conflicto armado, la corrupción y la impunidad que México sea uno de los
países más peligrosos para los periodistas, en lo cual coinciden Reporteros sin
Fronteras, Freedom House y la UNESCO.
¿Es
de extrañar, entonces, que un populista de izquierda como Andrés Manuel López
Obrador tenga reales oportunidades de ganar las elecciones presidenciales el
próximo año luego de los intentos fallidos en el 2006 y el 2012?
¿Luego
de la conversión de la sociedad civil en “enemigo” por el actual gobierno priísta? ¿Después de que la “dictadura
perfecta”, como la calificó el escritor Mario Vargas Llosa, lo sea cada vez
menos?
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